La Municipalidad recurrió a la Corte para recuperar los fondos de la intendencia paralela de Torrontegui
Quiere cobrar los recursos coparticipables que el Gobierno provincial le transfirió a la gestión ilegal que encabezó la actual presidenta provisional del Senado, María Angélica Torrontegui.
Los secretarios de Gobierno, Francisco Petrino y Legal y Técnico, Ignacio Campos anunciaron formalmente la decisión del intendente, quien a principios de semana adelantó a través de sus redes sociales el camino que había decidido seguir.
Como el Superior Tribunal de Justicia rechazó un pedido de la actual gestión municipal para cobrar los fondos que actualizados se ubican entre los $700 y 900 millones, se busca la intervención de la Corte Suprema.
En su mandato Alicia Lemme dejó sin efecto las acciones llevadas a cabo por sus antecesores Daniel Pérsico y Alfonso Vergés para recuperar el dinero.
Ponce pidió la nulidad del desistimiento de Lemme.
“Es absolutamente inválido, inexistente y nulo, porque una norma dispone que todos los desistimientos, transacciones o acuerdos judiciales en los cuales la Municipalidad sea actora, deben ser dispuestos de manera expresa y mediante un decreto del titular del Poder Ejecutivo municipal. Esto no ocurrió jamás”, expuso Campos en una conferencia de prensa el último jueves.
El funcionario dijo que la resolución del Superior Tribunal “fue bastante sorpresiva” por "la falta de sustento de fundamento jurídico”.
El lunes el Gobierno municipal promovió un recurso extraordinario federal ante la Corte.
Si el cuerpo compuesto por Martha Corvalán, Lilia Novillo y Carlos Cobo resuelve no elevarlo, la intendencia interpondría un recurso de queja, indicaron los funcionarios.
La “doble intendencia” desató a fines de 2003 una crisis institucional que excedió a la ciudad de San Luis para afectar a la Provincia, porque el Gobierno provincial, en ese momento también a cargo de Alberto Rodríguez Saá, se involucró en el proceso electoral.
En la convocatoria del municipio se impuso Daniel Pérsico y en el proceso impulsado por el Superior Tribunal, ganó Torrontegui.
En ese entonces, Rodríguez Saá destinó más de $30 millones a la actual senadora por el departamento Pueyrredón. El dinero que reclama el municipio es una cifra actualizada teniendo en cuenta la inflación.
Esta situación inédita siguió hasta el 2005, año en el que la CSJN se expidió a favor de Pérsico.